Hermosillo, Sonora; para aclarar dudas respecto a la próxima presentación al Congreso del Estado de la reforma al Artículo 167 Quater del Código Penal local, conocido como “Ley Ingrid”, el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, y el secretario de la Consejería Jurídica, Adolfo Salazar Razo, atendieron este jueves a medios de comunicación.
El titular de la secretaría de Gobierno dejó en claro que existen versiones en medios, incluso de circulación nacional, en los que se expone dicha reforma como una iniciativa nacida del Ejecutivo sonorense y aprobada por la fracción parlamentaria de Morena, lo que a todas luces exhibe desconocimiento y pudiera polarizar el tema.
Bracamonte Sierra destacó que la iniciativa fue impulsada por el mismo Poder Legislativo y aprobada por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso local. No obstante, ante las posibles interpretaciones que se encontraron en el análisis de esa iniciativa original, el Ejecutivo presentará una propuesta de reforma.
El secretario de Gobierno reiteró que en la iniciativa del Ejecutivo se ha acotado que cualquier sanción aplicaría únicamente a servidores públicos que publiquen o difundan fotografías de cadáveres relacionados con investigaciones judiciales, para cerrar cualquier posible lectura que sugiera una agresión contra las libertades de periodistas o grupos de búsqueda.
“No es, por ningún motivo, un propósito de este gobierno conculcar las libertades de prensa que están consagradas en nuestra Constitución y que, incluso el Gobierno de Sonora, sensible a estas preocupaciones, ha preparado una contrarreforma, una iniciativa para aclarar los puntos de confusión, de incertidumbre, que pueden estar provocando o que pudiera estar provocando esta iniciativa”, expuso.
A este respecto, Salazar Razo dejó en claro que el compromiso del gobierno del estado con la libertad de expresión es una de las banderas de la administración, por lo que la difusión periodística no se encuentra entre los supuestos que pudieran ser susceptibles de una sanción en la reforma a la “Ley Ingrid”, pues es dirigida al servidor público, integrante de alguna institución policial, de procuración o impartición de justicia que, fuera de los supuestos autorizados por la ley, realice la ya mencionada difusión de imágenes.
“Este es un gobierno que tiene un compromiso muy claro con la libertad de expresión. Ha sido una de las banderas de lucha histórica de nuestro movimiento y uno de los compromisos más sagrados de este gobierno, de que existan en todo momento la libertad de expresión que está garantizada desde su artículo sexto y séptimo constitucional”, concluyó.
